otro crimen en "democracia", consecuencia de la Impunidad

Asesinaron a testigo clave en la causa Brusa

Silvia Suppo, testigo considerada clave en el juicio que se llevó adelante contra el ex juez federal Víctor Brusa, fue asesinada de 12 puñaladas en Rafaela. La mujer fue quien testimonió uno de los relatos más comprometedores en la causa por la cual fueron juzgados el ex magistrado Brusa; el ex comisario y ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Héctor Colombini; el ex jefe de la Guardia de Infantería, Juan Perizotti; la ex carcelera policial María Eva Aebi; el ex jefe del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y de la comisaría Cuarta, Mario Facino; y el ex policía Eduardo Ramos.

El homicidio vuelve a poner en el centro de la escena política al Programa de Protección de Testigos, del cual es responsable el gobierno de la provincia de Santa Fe.

Suppo fue hallada gravemente herida esta mañana en un céntrico local comercial de su propiedad en la ciudad de Rafaela. “Tras una primera hipótesis de robo, la Policía ya trabaja con más fuerza en la idea de represalia por sus testimonios y por su militancia en organismos de Derechos Humanos”, señaló el portal de noticias Sin Mordaza.

Según los primeros indicios, el homicidio de la testigo ocurrió temprano, en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Los investigadores destacaron la impunidad con que se movieron los autores.

El lugar se encontraba con un mínimo desorden y con indicios de faltantes de las mercaderías, pero la saña con la que actuaron el o los asesinos quienes asestaron doce profundas puñaladas en el cuello, tórax y abdomen, también indujeron a los investigadores a relativizar la hipótesis de robo.

“La idea de que Suppo fue virtualmente ejecutada en un brutal ajuste de cuentas cobra forma debido a las implicancias que tuvo la víctima, primero al ser una de las tantas prisioneras del terrorismo de Estado que se impuso en el país durante la última dictadura militar, sino que además fue una testigo de vital importancia en la denominada «causa Brusa» en la que imputó además a Sixto Camilo Perizotti”, ponderó Sin Mordaza.

Suppo, si bien no volvió a militar en partidos políticos, estaba vinculada a organismos defensores de los derechos humanos.

La condena a Brusa

Brusa fue condenado a 21 años de prisión y otros cinco represores fueron sentenciados a penas que van de 19 a 23 años de cárcel, en el marco de la primera condena en la provincia contra represores que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Así, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a 21 años al ex juez federal Brusa, y dispuso 22 años para los ex policías Juan Calixto Perizotti; 19 años para María Eva Aebi; 20 años para Mario José Fascino, y 23 años para Héctor Colombini y Eduardo Ramos.

La denominada Causa Brusa se inició a mediados de 2002, a partir de que el juez federal Reinaldo Rodríguez declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Durante el desarrollo del proceso hubo demoras ocasionadas por diferentes recusaciones y pedidos de nulidad interpuestos por la defensa.

Brusa recibió la condena por ser considerado autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos, en concurso real, durante su actuación como funcionario judicial durante la última dictadura militar.

El tribunal que condenó a los represores estaba integrado por Roberto Manuel López Arango, presidente del mismo, y por los conjueces Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, quienes dispusieron la inhabilitación absoluta y perpetua para todos los acusados.

Una testigo clave

Silvia fue la primera testigo en relatar su cautiverio, luego de que fuera secuestrada por el Ejército en marzo de 1977, cuando tenía 17 años, junto a su hermano y a Jorge Destéfani, su esposo, fallecido en 2009. La rafaelina recordó que unos días antes de su rapto había sido secuestrado su novio de ese momento, Reinaldo Hatemmer, quien continúa desaparecido.

La mujer, además, contó que estuvo detenida en la comisaría Cuarta de Santa Fe, en la Guardia de Infantería Reforzada y en el centro clandestino de detención conocido como "La casita", ubicado a las afueras de la ciudad de Santo Tomé.

Suppo fue interrogada encapuchada en la seccional Cuarta, donde el jefe era el acusado Mario Facino, y pasó también por la Guardia de Infantería, donde identificó como jefe a Perizotti y como secretaria de éste a María Eva Aevi.

En la Cuarta recibió la visita del entonces obispo de Rafaela, Jorge Casaretto, a quien le contó de la violación a que la sometieron y las torturas.

Entre muchos hechos que le ocurrieron a ella y a otras personas, la mujer habló de su hermano Rogelio Suppo, quien tras ser salvajemente torturado logró escapar de un hospital y luego de varios días de estar prófugo abandonó el país hacia Brasil ayudado por Casaretto y el obispo Justo Laguna.

(Fuente: Sin Mordaza)


http://www.redaccionrosario.com.ar/noticias/?q=node/7746

los pobres viejitos...

Difundirlo es sembrar Memoria.

En el noticiero de la noche del día de ayer, comentaron una noticia que ha pasado casi inadvertida. La noticia de que le han robado (y ya van 4 veces), a la fiscal Mirta Guianze.

Puede pasar este nuevo y reiterado hecho como un robo más. Y encima a comienzos de la semana de turismo, cuando buena parte de los uruguayos salen de vacaciones.

Pero no se necesita ser muy perspicaces, para entender que acá hay intereses en juego. Según el reporte de la noticia dice: “que entraron a la casa mientras ella no se encontraba, y revisaron todo, llevándose solamente la laptop y algunos CD, que tenía información de los casos sobre Derechos Humanos”. Casos que son de suma importancia, así lo relató la fiscal a los medios de prensa.

Bien vale hacernos muchas preguntas sobre este caso que nuevamente se reitera en forma continua.

 ¿A dónde va esa información? ¿Quién la “solicita”?

 ¡Seguramente no serán los familiares de las víctimas!

¿Qué recaudos toma el gobierno sobre este caso?

 Es a la única fiscal que le pasa esto. Sabemos todos que, es la única fiscal que ha contribuido más, a las causas sobre los delitos de Lesa Humanidad del período más sangriento de la historia del país.

¡No nos hagan creer que son chorros comunes!

Ya cuando se hizo una requisa, hace tiempo en la cárcel de Domingo Arena se encontraron CD, con información de varias personalidades entre ellas de la fiscal Mirta Guianze ¿qué casualidad?

Bien vale seguirse preguntando nuevamente: ¿Quién controla a estos señores, que desde su prisión hacen inteligencia a la sociedad?

Y sigamos preguntándonos: ¿acaso estos “viejitos” son los que irían a soltar a la sociedad uruguaya de nuevo?

¡Parece ser que las cartas están a la vista!, en este diabólico juego donde hay intereses de varias partes.

Si seguimos pensando en profundidad, seguramente aparezca un infeliz que se haga cargo de todo esto, y todo quede como está.

Y mientras tanto, la sociedad duerme esta larga siesta, a que nos condenaron hace tantísimo tiempo atrás.  Y en el medio de todo esto la salud, el esfuerzo de una fiscal  o jueces comprometidos, queden desplazados hacia un ostracismo que sólo nos traerá tiempos de oscuridad.

¡Seamos solidarios todos! Las organizaciones de Derechos Humanos, la gente de a pie, Familiares, todos/todas, desde el exterior también,  deberíamos apretar filas en torno a estos hechos. Prender la alarma de alerta y exigir transparencia.

¡Por Verdad y Justicia!

MARTHA PASSEGGI.
    reportera-gráfica.

Columna Marcelo Jelen

Mochilas

El fiscal alemán Ulrich Maas pidió el martes 2 en Aquisgrán la cadena perpetua para Heinrich Boere, de 88 años, por el asesinato a sangre fría de tres integrantes de la resistencia en la Holanda ocupada, en 1943 y 1944. Otro tribunal procesa en Munich a John Demjanjuk, de 89, acusado de cómplice en la muerte de casi 30 mil judíos en el campo de concentración polaco de Sobibor, en 1943.

Los criminales nazis cargan mochilas pesadísimas. Sus víctimas directas y sus familias también, así como los perseguidores de los victimarios en la Justicia de varios países y en instituciones privadas como el Centro Simon Wiesenthal. En esta película hay buenos y malos. Sí, a veces pasa. Muy pocos expresan piedad por estos ancianos asesinos. Sólo los negadores del Holocausto. En la opinión pública mundial quedó grabada la máxima “Ni olvido ni perdón” acuñada por los líderes comunitarios judíos, tanto laicos como religiosos.

Pero no se trata de una causa particular, enarbolada por individuos que sufrieron estos crímenes, sus familiares o alguna congregación de fe. Esta gesta de cinco décadas y media dejó en evidencia que la violación masiva y sistemática de los derechos básicos victimiza a toda la humanidad y que el perdón a los perpetradores es inútil sin verdad, justicia y arrepentimiento. Sea en los territorios invadidos por la Alemania de Adolf Hitler, en la Ruanda de 1994, en la base naval estadounidense de la bahía cubana de Guantánamo a partir de 2001, en la Gaza de 2007, en las guerras de secesión de Yugoslavia de los 90, en Birmania desde los 60. O en el Uruguay de entre 1973 y 1985, por no mencionar otras dictaduras latinoamericanas.

En el caso uruguayo, ni siquiera ha mediado un pedido de disculpas a las víctimas y al conjunto de la sociedad desde las Fuerzas Armadas, hoy subordinadas a un Poder Ejecutivo a cargo de una alianza política a la que reprimieron con inmensa brutalidad. Sin embargo, el presidente José Mujica, ex combatiente tupamaro, quiere hacerles la vida más fácil a algunos de los pocos delincuentes hoy recluidos por esas violaciones de los derechos humanos. Invoca para eso una “unidad nacional” similar a la de los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973, anuncios de un golpe de Estado que sabría conciliar “con justicia los intereses opuestos” e interpretar “los sentimientos y deseos generales del pueblo”.

La iniciativa aún no está clara. El lunes, Mujica reiteró que no quiere “tener viejos presos […] pero no sólo militares”. El mecanismo que prefiere es “darles una herramienta a los jueces” que les permita “liberar o hacer cumplir parte de la pena en el domicilio” a ancianos o enfermos terminales.

Se trata de dos procedimientos muy diferentes y el presidente debería saberlo. La prisión domiciliaria permite la continuidad del juicio a un procesado díscolo y del castigo al condenado. La libertad, en cambio, obstaculiza la acción judicial en instancias como éstas, con acusados acostumbrados a 20 años de silencio e impunidad. Aunque Mujica diga que no es una amnistía ni un “punto final”, la excarcelación de los supuestos violadores de los derechos humanos puede convertirse en un equivalente, como lo fue la Ley de Caducidad, de acuerdo con un fallo de la Suprema Corte de Justicia de 1986.

El actual presidente mostró en el pasado cierta inclinación a eludir las olas judiciales. Entrevistado por el diario argentino La Nación, decía en setiembre que no quería “militares viejos presos” y que “la justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. “Si me dicen la verdad, te conmuto la pena”, profundizó, como si la Comisión para la Paz, los informes de las tres fuerzas al ex presidente Tabaré Vázquez y los pocos juicios en que se trataron las aberraciones cívico-militares de la dictadura no hubieran demostrado que sin justicia no se conocerá la verdad de los años 70 y 80.

El martes, ante cientos de militares, Mujica volvió a justificar su pretensión no punitiva, aunque sin aludir a ella. “Estas Fuerzas Armadas de hoy no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”, sostuvo. “Desde 1985 sentimos gente que, con razón o sin ella, reclama que hay que dar vuelta la página y, al mismo tiempo, gente de nuestro pueblo, tan válida como la otra, que grita por justicia, también con razón o sin ella.” Las Fuerzas Armadas llevan en esa pesada mochila a miembros suyos, activos y retirados, que cometieron los peores delitos de la historia uruguaya. Ellas eligieron cargarla al protegerlos, al no depurar sus filas. El comandante en jefe no debería alivianársela sino obligarlas a abrirla. Y recordarles dónde está la razón. No la tienen, ni la tuvieron nunca, quienes pretenden “dar vuelta la página”. La tienen, por cierto, los que “gritan por justicia”. Sí, ésta es otra película con buenos y malos. Y todavía no está claro por cuáles tomará partido el presidente.

Marcelo Jelen

Viernes 19/03/2010

http://ladiaria.com/articulo/2010/3/mochilas/

"La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. (...) 

Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes."

 A. Gramsci

Sobre las declaraciones de la ex Ministra de Defensa

AZUCENA Y LA DESMEMORIA

Sobre el peligro de confundir justicia con venganza

María M. Delgado *

En homenaje a quienes resistieron

la tortura y las cárceles de la dictadura,

a 25 años de su liberación.

Y a quienes no pudieron, también.

 

Cuando conocí a Azucena -a secas, como la llamábamos entonces- en 1981, ella era una abogada madura y aguerrida que defendía presos políticos y que había renunciado al Colegio de Abogados por considerar que éste había tenido una postura demasiado complaciente con la dictadura cívico-militar.

Eran tiempos tan duros que desde el presente es imposible imaginarlos a quienes no los vivieron. Defender presos políticos ante la “Justicia Militar” era una causa perdida en un país donde ni siquiera la Justicia Civil funcionaba de manera independiente. Se trataba más bien de una excusa para visitar a los presos y presas (que tenían un régimen de visitas tremendamente restringido), darles apoyo moral, demostrar al enemigo que alguien se preocupaba por ellos/as, presentar algún escrito pidiendo la libertad anticipada cuando alguno estaba gravemente enfermo o en fase terminal... y muy poca cosa más. Azucena fue una de las pocas defensoras que, excepcionalmente, consiguió alguna vez que un preso político muriera en su casa y no en el penal de Libertad.

Esa Azucena que forma parte de mis recuerdos entrañables de los primeros tiempos del SERPAJ, no tiene nada que ver -hace mucho rato ya- con la ex ministra de Defensa que acaba de expresar públicamente sus ideas a favor de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Su metamorfosis podría ser un ejemplo más del efecto perjudicial que tiene sobre las personas la convivencia cercana con las altas esferas y el poder. 

En este caso, es una pena que esa convivencia -y al parecer identificación- no haya servido para que la ministra ejerciera su autoridad para obligar a las Fuerzas Armadas a colaborar seriamente con las investigaciones y revelar el destino de los detenidos-desaparecidos asesinados por sus integrantes; o al menos para evitar que hicieran declaraciones mentirosas, confundiendo a las instituciones de gobierno, burlando a la opinión pública, ofendiendo la memoria de sus víctimas y jugando con los sentimientos de familiares y sobrevivientes.

Debería sorprendernos -aunque a esta altura me sorprende cada vez menos- que no haya habido reacciones desde los grupos de derechos humanos, y hasta del propio Poder Judicial (tan sensible siempre a cualquier crítica hacia la corporación), ante las declaraciones de una profesional del Derecho -y ex representante del Poder Ejecutivo- que considera “una venganza” cuando la Justicia actúa con todas las garantías del debido proceso y en consonancia con el Derecho Internacional para sancionar a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos. 

Las/os sobrevivientes de la represión y los familiares de las víctimas del puñado de criminales de lesa humanidad que hoy están en prisión (mientras cientos de ellos todavía permanecen impunes), las/os defensoras/os de derechos humanos y la sociedad en su conjunto, tuvimos que esperar más de dos décadas para que por fin se abriera una mínima fisura en el poderoso muro de la impunidad -construido y defendido por el sistema político a partir de 1985-, y para que Uruguay dejara de ostentar el vergonzoso récord de ser el único país del Cono Sur donde ningún militar o ex dictador había siquiera declarado ante un juzgado. 

Azucena Berrutti sabe mejor que nadie que si esos “pobres” señores “viejos y enfermos” están hoy en la cárcel (y apenas desde hace un par de años) es porque la impunidad reinante en el país les permitió gozar de los mejores años de su vida en total libertad, viviendo cómodamente cerca de sus víctimas sin tener que rendir cuentas de sus crímenes, y disfrutando de la holgada jubilación que les pagamos las ciudadanas y ciudadanos con nuestro aporte (también el de sus víctimas). 

Y ¿qué pensarán los 8000 presos comunes que se hacinan en las cárceles uruguayas como pollos en una avícola moderna -en condiciones de encierro, alimentación e insalubridad que el mismo Relator Especial sobre Tortura de la ONU Manfred Nowak consideró entre las peores que ha visto en el mundo- de que la Dra. Berrutti considere como 'venganza cruel' las condiciones de absoluto privilegio que disfrutan en una cárcel VIP los peores criminales que ha tenido este país en toda su historia? 

¿Cómo calificar a un Estado que -a través de su gobierno progresista- les construye una cárcel especial y de lujo a los autores de decenas de secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, traslados clandestinos internacionales, robos de bebés, y millares de torturas aberrantes, mientras amontona en cárceles inmundas a los miles de hijos del neoliberalismo de los 80 y 90 por robar celulares o vender pasta base al menudeo? (Sí, ya sabemos que hay grandes criminales, y asesinos y violadores en esas cárceles; pero son los menos, como también sabemos). 

El flamante presidente José Mujica -quien fue uno de los presos políticos que sufrieron las condiciones más extremas de prisión prolongada, tortura sistemática, total aislamiento y falta de las mínimas garantías- ha expresado en varias ocasiones ideas afines a las de Azucena Berrutti. No debería sorprendernos demasiado que en algún momento de su mandato tome la iniciativa de 'perdonar' a los pocos militares que están procesados por delitos de lesa humanidad. No sería la primera vez que, en esta materia, Uruguay desconoce y viola groseramente el Derecho Internacional de los DDHH. Lo hizo al aprobar la ley de impunidad en 1986, y al ratificarla por voto popular en 1989 y 2009. 

Esa normativa internacional -que Uruguay debería cumplir y respetar, por haberla ratificado- establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables (“tampoco son plebiscitables”, habría que haber agregado, para que los partidarios de la justicia no cometieran dos veces el mismo error), y que los Estados están obligados a investigarlos y sancionarlos con todo el rigor y las garantías de la ley. 

En realidad, a ese orden jurídico internacional le tiene sin cuidado lo que la ciudadanía uruguaya haya decidido en las tres instancias mencionadas arriba, porque la ley de Caducidad nació ilegítima desde el punto de vista del Derecho Internacional, y seguirá siéndolo más allá de todas las ratificaciones que tenga en el orden interno. Daría lo mismo que mañana esa misma ciudadanía aprobara por voto popular el retorno de la esclavitud, o ratificara una ley estableciendo que las mujeres no pueden votar. Para la comunidad internacional, Uruguay seguiría siendo un Estado que viola la legislación internacional en materia de DDHH, igual que al mantener la ley de impunidad.

Pero no es buena señal que desde el poder político y sus voceros (o ex voceras) se insinúe que lo poco que se ha podido hacer en 25 años de institucionalidad democrática para combatir la impunidad y cumplir con el Derecho Internacional, es demasiado. Y peor aún que entre ellos/as haya quienes pretenden confundir el actuar limpio de la Justicia con la “venganza”.

Hay que reconocer, no obstante, que a Uruguay su 'inconducta' prolongada y reiterada le ha salido barata hasta ahora, gracias a la debilidad del sistema internacional. Recién este año, y por primera vez, la Corte Interamericana de DDHH va a juzgar al Estado uruguayo por no haber investigado ni sancionado el secuestro, traslado internacional, prisión clandestina y asesinato en nuestro país, por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de una ciudadana argentina de 19 años, y el robo de su bebé recién nacida y la sustracción de su identidad, hace 34 años. 

Sería conveniente que quienes están pensando desde las altas esferas en algún prematuro 'acto de generosidad' hacia ese puñado de criminales presos tengan en cuenta este antecedente, antes de implementar cualquier medida de perdón que nos vuelva a avergonzar ante la comunidad internacional. 

Y más saludable aún sería que la opinión pública que reclama sin cesar “mano dura” contra la delincuencia cotidiana también exprese enérgicamente su alarma ante la amenaza social que representaría dejar en libertad a estos criminales internacionales -sin importar la edad que tengan. 

* María M. Delgado fue co-fundadora e integrante de SERPAJ entre 1981 y 1999. Desde 2000 no participa en ninguna organización de derechos humanos en Uruguay.

noticia- Julio Lopéz

Tras la pista de los secuestradores

Es un ex médico de la Policía Bonaerense amigo de Miguel Etchecolatz. En su casa se encontró un auto robado en el que habría sido secuestrado el testigo desaparecido. Su defensa impidió todas las preguntas referidas a la desaparición de López.

Por Adriana Meyer

El ex médico de la Policía Bonaerense Osvaldo Falcone, el único imputado del caso de Julio López, fue indagado ayer, aunque en un marco acotado por su defensa que impidió todas las preguntas referidas a la desaparición del testigo. A principios de enero Página/12 anunció que sería llamado a indagatoria porque durante un allanamiento en una de sus casas fue encontrado un auto robado en el que habría sido secuestrado López. Falcone –que es amigo personal de Etchecolatz al punto de haberlo visitado en la cárcel de Marcos Paz y se habría jactado en público de su participación en ese hecho– ayer sólo dio explicaciones respecto del encubrimiento de la sustracción de ese vehículo.

Este ex médico policial, que revistaba en esa fuerza en la época en que era comandada por el genocida Ramón Camps y su lugarteniente Etchecolatz, tiene una casa en Pehuajó y otra al sur de Mar del Plata, en el barrio San Jacinto, cercano al paraje costero La Serena. El 14 de enero del año pasado fueron allanadas ambas viviendas a pedido del anterior secretario del caso, Juan Martín Nogueira, a partir de un testimonio de identidad reservada que le resultó verosímil.

Aquel testigo había declarado que Falcone decía haber participado en el secuestro de López y guardaba como un trofeo el auto que habían usado para deshacerse del cuerpo en la zona de La Serena. Los investigadores fueron verificando la veracidad de sus palabras y así encontraron el Volkswagen Gol azul mencionado, aunque desmantelado y sin papeles. Resultó que era robado, al igual que otro vehículo por el cual Falcone fue exonerado de la Bonaerense en 2004.

Falcone no figura en los listados de represores de la dictadura. Pero mantiene una estrecha amistad con Etchecolatz, a quien visitó en Marcos Paz pocos días antes de la desaparición del testigo, así como días después, y aparece en los cruces de llamadas con ese genocida.

Ayer el ex médico policial se presentó en los tribunales platenses con su defensor oficial, quien impidió que la fiscalía lo interrogara más allá del asunto del Volkswagen robado. El abogado de Falcone delimitó de tal manera la declaración que no hubo preguntas directas referidas a la desaparición de López.

Falcone, a su vez, intentó invalidar el testimonio de quien lo denunció. El testigo no sólo lo acusa por el auto robado, sino también por haber estado implicado en la desaparición de López. “Todo lo que venga de esa gente no es cierto”, dijo Falcone, según fuentes del caso.

Con respecto al encubrimiento del robo del vehículo, Falcone dijo que “era prestado”, que “me lo dieron a cambio de otro”, y vinculó lo relacionado al Gol con el robo del otro auto por el cual lo exoneraron de la Bonaerense, como si todo hubiera sido parte de la misma maniobra en la que él fue “estafado”. Según explicó, cuando se dio cuenta de que el Gol era robado lo dejó en la casa. A partir de ahora la Justicia federal enviaría el caso al fuero ordinario para iniciar un proceso por este encubrimiento y analizaría qué consecuencias tiene la presencia en Tribunales de Falcone en la investigación específica del caso López.

En tal sentido, los abogados de la querella Aníbal Hnatiuk y Guadalupe Godoy, quienes se habían mostrado esperanzados con la reactivación de la causa producida en enero, expresaron a Página/12 su preocupación porque consideraron que, “a pesar de las buenas intenciones, el expediente está cayendo una vez más en el letargo”.

Desde el allanamiento en Mar del Plata en el que se encontró el auto robado en lo de Falcone, el caso López quedó paralizado y navegó sin rumbo por los pasillos de los tribunales platenses. El voluminoso expediente comenzó a estar a la deriva cuando el juez federal Arnaldo Corazza se apartó por la “violencia moral” que le provocó la denuncia de la familia López contra quienes no impidieron la desaparición del testigo. El nuevo juez, Manuel Blanco, separó del caso a la secretaría especial para delitos de lesa humanidad y la delegó en la fiscalía de Sergio Franco, que rechazó la delegación. Finalmente ahora quedó a cargo el fiscal general Marcelo Molina.

Fuente http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-141711-2010-03-10.html

Tabare Vazquez se despide así de los vecinos de Punta de Rieles:

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el juicio presentado por Macarena Gelman, establece que la reparación de los daños inmateriales incluye entre otras cosas:

"(...) la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir".

Esta es la reparación para las miles de mujeres que estuvieron detenidas, y para los niños/as que nacieron en el penal de Punta de Rieles:

Adecuarán instalaciones de Punta de Rieles

Primeros pasos

04.03.2010 14:36

La entrega del establecimiento de Punta de Rieles a la órbita del Ministerio del Interior se realizará este viernes y pasará a funcionar como una cárcel para alojar exclusivamente a “presos penados”, informaron a Montevideo Portal desde la Dirección de Cárceles. Esta iniciativa fue resuelta en la administración de Tabaré Vázquez y ahora se procederá a la reestructura del lugar con “criterios penitenciarios”.

Desde la Dirección de Cárceles señalaron que "la entrega" del ex recinto de Punta de Rieles, desde la órbita del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior "está muy adelantada" y que actualmente se están "afinando detalles para firmar el acta de traspaso". Se espera que finalmente se efectúe este viernes a las 10 de la mañana en un acto meramente administrativo.

Hasta el momento el establecimiento de Punta de Rieles funcionaba como escuela de formación de oficiales, por lo que ahora se tendrá que hacer toda una obra de reacondicionamiento que insumirá "unos meses". La fecha exacta variará de acuerdo a las inclemencias del tiempo.

Será necesario readecuar las instalaciones del establecimiento, actualmente diseñado "con un concepto militar", siendo necesario "repensarlo con criterios penitenciarios". "Hay que reinvertir la estructura pues ahora todo está diseñado para cuidar desde dentro hacia fuera y nosotros tenemos que cuidar desde fuera hacia dentro, para que los presos no se nos escapen".

El futuro recinto será utilizado "exclusivamente" para alojar a "presos penados", aquellos que ya recibieron su condena, aunque este asunto será puesto a consideración de las autoridades.

Hasta tanto no comiencen las obras de reestructura se va a establecer un servicio de guardia para evitar robos de cualquier índole.

La idea de traspasar la cárcel al Ministerio del Interior fue resuelta en la administración Vázquez pero no se llevó a cabo por diferentes motivos. Éste será el primer paso del actual gobierno en el plan de construcción de nuevos recintos para terminar con el hacinamiento penitenciario.

Fuente: Montevideo Portal http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_104646_1.html

PUNTA DE RIELES

Durante el período anterior del gobierno del FA los vecinos de Punta de Rieles junto a otras organizaciones presentaron la siguiente carta:



Sr. Presidente de la República
Dr. Tabaré Vázquez
CC Sra. Ministra del Interior
Mtra. Daisy Tourné
CC Sr. Ministro de Defensa
Dr. José Bayardi

Como es de su conocimiento, se han hecho reiteradas solicitudes ante las autoridades competentes que disponían del predio que otrora fuera el Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2, conocido como Penal de Punta de Rieles.
Llama la atención la reiterada falta de respuesta ante las iniciativas locales y la dilatoria a las mismas, lo que contrasta con la urgencia con la que actualmente se están tomando precipitadas decisiones que impactarán fuerte y negativamente en el proceso de desarrollo de la zona. Se olvida y desconoce –de esta manera- la importancia de otras realidades, otras prioridades y las proyecciones en curso para esta zona.
Reunidos las y los vecinos en el día de la fecha insistimos en lo inapropiado de la propuesta de la reinstalación de una cárcel en la zona dado que:
1.- la memoria tiene sitios simbólicos concretos donde se expresa. Este es uno de ellos y el único que representa la lucha de las mujeres por justicia social y las de sus familiares y vecinos resistiendo la dictadura cívico-militar
2.- esta zona es la máxima expresión del proceso de fragmentación social que ha experimentado Montevideo, por lo que se viene decididamente trabajando desde hace muchos años tratando de dinamizar la misma con planes económicos, productivos, sociales y culturales.
3.- lejos de resolver el problema de las inhumanas condiciones en las que hoy se encuentran los presos sociales se generaría un agravamiento de las condiciones sociales de la zona. Una zona ya victimizada, volvería a reforzar esa estigmatización que asociaría la zona con una cárcel y no con las propuestas de un desarrollo económico, social y cultural.
Sabiendo que actualmente esta zona es una Escuela de Suboficiales del Ejército, donde los soldados completan su educación formal entendemos es posible la transformación para que este espacio sea destinado a constituirse en un Centro de Memoria, pero además en un Centro Cultural donde se realicen actividades al servicio de toda la sociedad. Se busca elevar la calidad de vida del vecindario y ayudar a bajar los niveles de violencia a través de la implementación de proyectos productivos autogestionados, darle viabilidad a la fuerte inversión que desde distintos espacios públicos colectivos se realizan en pro de una formación técnico profesional, creando oportunidades educativas y salidas laborales a los jóvenes de la zona.
Creemos necesario resaltar las características de esta zona. La zona 9 de Montevideo es una extensa zona que se extiende por el Eje Camino Maldonado -Ruta 8, teniendo 13 Km. de extensión, 136 mil habitantes de los cuales 25 mil personas habitan en asentamientos irregulares. Dentro de esta heterogénea zona el espacio donde se ubica el ex- penal de Punta de Rieles, presenta una importante zona rural al mismo tiempo que se inserta en una barriada crecientemente urbanizada, varios complejos habitacionales y una alta concentración de asentamientos en algunos casos ubicados en la propia zona rural. Otra particularidad en esta zona es que tiene un importante espacio de territorio afectado a establecimientos militares. El desafectar uno de esos establecimientos para el uso comunitario acogería múltiples iniciativas de importancia para la zona.
Por otra parte, entendemos necesario resaltar algunos antecedentes ya que desde 2002 el Espacio Memorias para la Paz está trabajando en conjunto con el firme propósito de aportar en la construcción de la memoria colectiva, para lo cual desde 2003 ha realizado varias asambleas barriales que tuvieron su corolario en la publicación en diciembre de 2004 del libro: “memorias de Punta de Rieles en los tiempos del penal de mujeres”.
A su vez en la actualidad están vigentes los siguientes planes:
*El PECAC planifica para esta zona la “recuperación de usos y el poblamiento del espacio periurbano, que preserve sus calidades ambientales y paisajísticas y que defina asociaciones virtuosas entre usos agrícolas, residenciales y de servicios” . También planifica la conexión transversal entre los conglomerados de Camino Maldonado y el de la Costa conectando Av. De la Playa con Av. Punta de Rieles .

*El POT considera para esta zona usos “deportivos, recreativos y turísticos” así como “desarrollo de actividades sociales o deportivas incluyendo canchas, piscinas, gimnasios y otras instalaciones .”
La zona es de gran fragilidad social, precisa de trabajo, centros educativos, lugares de esparcimiento, campos deportivos etc. Razón por la cual el estado aplicará 3.000.000 de euros (fondos europeos), en ésta la cuenca del Arroyo Carrasco para fortalecerla, lo cual se contrapone con la posible cárcel que implica un entorno totalmente adverso y desaparecen hectáreas para a esas necesidades.
Además, y dadas las autorizaciones que desde la Intendencia Municipal de Montevideo nos han dado, hoy estamos trabajando en la concreción de una intervención urbana en la placita situada en Camino Maldonado y Camino Guerra. El objetivo es el de realizar un homenaje a la resistencia de las mujeres luchadoras por justicia social y a los familiares que fueron el sostén de las mismas. Esta intervención urbana pretende formar un conjunto armónico con el ex -penal donde la memoria y la vida se den la mano.
Finalmente, queremos explicitar que estos proyectos son planteados desde los distintos ámbitos de la comunidad local.
Esperando una respuesta favorable, en nombre de esta comunidad, los saludan,
Espacio Memorias para la Paz
Agrupación de Comerciantes de la Zona
ABCRural (Asociación Bañados de Carrasco)
Extensión Universitaria- UdelaR
Mesa de Coordinación Zonal del SOCAT
Nodo Educativo
Grupo de Jóvenes de Bella Italia
Concejales de la Subzona 1 y 2
Complejo de Viviendas Policiales
Co.Vi.Tre-Ma